#TÚQUÉDICES Se evapora la presa El Zapotillo

Anunciada hace 15 años y con un avance de 85 por ciento, la presa El Zapotillo, que planea abastecer de agua potable a ciudades de Jalisco y Guanajuato, está en duda.

En estos tres lustros el proyecto ha sorteado varios obstáculos, desde conflictos sociales que se oponen al proyecto, amparos ante la Suprema Corte y cancelación de concesiones que han retrasado e incrementado el costo de la obra.

De acuerdo con Transparencia Presupuestaria, al cierre de agosto de 2017, la presa tiene una inversión de 17 mil 832 millones de pesos; es decir, 33 por ciento más de lo contemplado.

En 2012, la Comisión Nacional del Agua contemplaba una inversión de 13 mil 375 millones de pesos que serían ejercidos entre 2006 y 2016, fecha en que se contempló que la obra quedaría lista. Tan sólo el acueducto se adjudicó por un monto de 4 mil 500 millones de pesos.

La construcción consta de una cortina de concreto de 80 metros que detendría el cauce del río Verde para transferir 120 millones de metros cúbicos de agua al año.

El líquido está distribuido en 76 por ciento para la zona metropolitana de Guadalajara y 24 por ciento para León (más de 7 millones de población beneficiada), según al Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde firmado entre ambos estados en junio de 2019.

Sin embargo, el agua retenida inundaría tres poblados de Jalisco: Acasico, Palmarejo y Temacapulín, y su gente obligada a desplazarse. Hasta hoy, la postura de estas comunidades es firme: No a la presa.

La inversión sería 97 por ciento de recursos federales y 3 por ciento estatales, mientras que en el caso del acueducto y demás obras bajo el esquema de concesión, la inversión privada sería el 58 por ciento y el 42 por ciento restante del Fondo Nacional de Infraestructura.

Pero la construcción se frenó en 2013 al obtener los pobladores un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando efectos negativos en la producción agrícola y pecuaria de la zona.

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El problema residía en la altura de la cortina de la presa, que según el proyecto ejecutivo era de 80 metros, pero se pretendía elevarla más de 100, y con ello utilizar una superficie de terreno superior debido a la inclinación del suelo.

El titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, anunció que el proyecto se encuentra en evaluación y ha organizado foros para buscar alternativas de abasto de agua en lugar de la presa, pero una resolución judicial lo tiene suspendido durante 2020.

En agosto de 2019, el funcionario federal se reunió con habitantes de la comunidad Temacapulín, en Los Altos, Jalisco, primera visita de un secretario de Estado a la zona donde inició la obra, ahí les dijo:

“El acto más irracional que yo pudiera registrar es que este pueblo desapareciera… Me congratulo de estar testificando la existencia de un pueblo empoderado por tantos años”.

Reunidos con el presidente en esas fechas, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhue, respectivamente, dijeron que el ejecutivo aceptó no demoler la cortina de la presa y llevarán a discusión a una mesa de análisis con los afectados.

El lunes 20 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema y aseguró que en su administración no se edificarán nuevas presas, porque ha generado “decenas de conflictos sociales”.

“No se puede hacer ninguna obra contra la voluntad de la gente”, comentó en Palacio Nacional. 

Y adelantó: El proyecto de La Parota, en Guerrero, “no se va a construir”. Tampoco el Paseo de la Reina, en Oaxaca, ni la de Boca del Cerro, en el cañón de Usumacinta, en Chiapas. “Solo se tiene proyectada una ampliación en el Chicoasén”, señaló.

“Se van a remodelar las turbinas de las presas para generar energía”, dijo, sin mencionar sobre el futuro de El Zapotillo.

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