El nacimiento del Instituto Nacional de Salud (INSABI) implica dejar sin recursos a las entidades para hacer frente a las obligaciones que la ley les confiere en materia de salud; atender enfermedades catastróficas y el alza de costos laborales por la basificación de personal estatal del sector salud, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Con las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados el 23 de octubre, y que están ahora en espera de aprobación por el Senado, se prevé que la Federación preste servicios médicos de manera centralizada.

“Esto es delicado, ya que las entidades federativas, al firmar un convenio, quedarían sin recursos para hacer frente a obligaciones que la ley les atribuye y que constituyen el pilar del derecho a la salud para los mexicanos”, destacó el sindicato patronal. 

Detalló que tras la firma del convenio, los estados dejarían de recibir recursos para planificación familiar, salud mental, organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud y la promoción de formación de recursos humanos para este rubro, entre otras funciones.

Coparmex indicó que la centralización traerá consigo también un costo por absorber al personal del sector salud estatal, que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima en $17,991 millones de pesos, sin contabilizar el costo por pago de cuotas a la Seguridad Social.

Añadió que además, con la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, los estados se verán imposibilitados para garantizar la atención de enfermedades consideradas graves, como cardiovasculares, cáncer, malformaciones congénitas, hepatitis y trasplantes.

Coparmex destacó que la falta de claridad sobre los recursos necesarios para financiar al INSABI podrían significar un retroceso a la opacidad en la negociación del presupuesto para la salud, con base en la discrecionalidad, presiones políticas, inercia histórica o las variaciones de la economía.

Como ejemplo de estos riegos, en el estado de Guanajuato, más de 3 millones de personas, quienes dependen actualmente del Seguro Popular, perderán acceso a este servicio.

Además, de acuerdo con el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, el sistema de salud estatal funciona mejor que el federal y no tiene desabasto de medicamentos. 

Coparmex hace un llamado a los senadores para que tomen en cuenta los riesgos que conlleva la creación del INSABI, antes de votar los cambios en materia de salud.

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